De ser cierta la especie, que fue ampliamente publicada y comentada, debería mover al juez que entiende en la causa a investigar además de Boudou y su amigo Alejandro Vanderbroele, a todos cuantos siquiera intenten imprimir billetes en la quebrada y en apariencia dolosamente “recuperada” imprenta.
El vicepresidente y el abogado se encontrarían imputados. Pero con esta novedad, correspondería investigar quién más puede estar implicado.
Está claro que Ciccone quedó debiendo más de 200 millones de pesos.
Es muy oscuro que haya limpiado su deuda con monedas. Y resulta escandaloso que estando en curso la investigación de aberrantes delitos tal vez cometidos por funcionarios de altísima jerarquía que habrían perjudicado las ya escuálidas arcas públicas, -o sea al pueblo argentino todo-, el propio gobierno pueda impulsar la realización de trabajos en un lugar que “quema”, sospechado de ilícitos. Salvo que el hecho esté impulsado en un afán de atraer turismo e inversiones, porque quedaría acreditado que Argentina es el país donde las fantasías más impensables se hacen más reales que en Disneylandia.
Es entendible que CFK no esté contenta con el hecho de haber perdido las elecciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un margen tan amplio, y nada menos que a manos de Mauricio Macri, uno de los elegidos personalmente por ella como “archienemigo”.
Tan solo unos pasos más lejos quedó ahora Daniel Scioli, otro “malo de la película” made in Pink House.
Lo que quiso justificar la presidente en su discurso sobre el traspaso de los subterráneos y líneas de transporte colectivo a la Ciudad, no resiste el menor análisis.
Para evitar equívocos citaré expresamente la Constitución Nacional en su artículo 75, referido a las atribuciones del Congreso. La Carta Magna reza:
“Capítulo Cuarto Atribuciones del Congreso. Art. 75.- Corresponde al Congreso: …
2) …No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso.
Entonces, sin necesidad de recurrir a exégetas ni augures, surge claramente del texto de la ley suprema que NO se pueden transferir competencias, servicios o funciones, sin los recursos,
Y la aprobación de:
1) El Congreso;
2) la Ciudad de Buenos Aires.
Cualquier otra interpretación que se pretenda forzar es, además de ilegal, ilegítima.
Y es precisamente lo que vimos en el discurso.
Se pretende disfrazar con la tolerancia y benevolencia de esperar 3 meses más para retirar la Policía Federal, otro acto ilegítimo.
Además la Policía Metropolitana no tiene 4000 efectivos. Son muchos menos y hay que dividirlos por cuartos.
Tres agentes por día (turnos de 8 horas), además de un cuarto que está de franco.
Me pregunto si la presidente sacó los números y las conclusiones del relato o del modelo.
Mauricio Macri no es persona grata para CFK, (¡Vaya novedad!).
Y como los porteños no la favorecieron con su voto como la casi totalidad del resto del país, parecería que pretende que le vaya mal. Ignoro si toma en cuenta que el 22 % de los fondos de la coparticipación federal los aporta la CABA que tan solo recupera una ínfima parte.
De ahí a pisotear la constitución para sacarse un grosero gasto de encima -producto de la inacción de años
(el kirchnerismo lleva más de 8)-
y derivárselo a los porteños, es de una terrible inequidad impropia de un funcionario, más aún de un presidente.
En su discurso nos dijo:
1.- Que gradual e ilegítimamente dejaría a los subterráneos sin seguridad.
2.- Que gradual e ilegítimamente le traspasa los subterráneos y líneas de transporte colectivo a la Ciudad, sin los respectivos fondos. Acaba de nacer un nuevo mito para los porteños:
