GASTO ESTATAL
Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO.
Por : Dr. Marcelo Castro Corbat.La inmensa mayoría de los políticos sostienen que la desigualdad en la distribución del ingreso se origina en la perversa apropiación de la riqueza por los ricos, que esclavizan a los pobres.
Es una deformación ideológica, refutada por la realidad que se vive en países con elevados ingresos per cápita.
El ingreso en Argentina se distribuye entre:
a) el Gobierno y los sindicatos, que son barriles sin fondo, con dilapidadores y delincuentes;
y b) el sector privado, con pocos ricos y muchos pobres.Nación, provincias y municipalidades se quedan con el 43% de los ingresos de los argentinos, generan gastos con exigencias burocráticas por más del 2% del PBI, y los sindicatos reciben su propia tajada.
El total ronda el 50% del PBI.
Los que pagan este exceso son los pobres, empezando con el 25% de impuestos al consumo.
Esta aberración aparece como inquebrantable.
El Estado es el origen de la pobreza y de la desigualdad en la distribución del ingreso.
Estado y para estatales son organismos enfermos, ineficientes, dilapidadores, y corruptos.
Con esta estructura el país no se recuperará, los funcionarios seguirán enriqueciéndose, y los que trabajan, arrastrándose.
Reestructurar el Estado será una muy dura lucha contra los delincuentes que lo manejan, pero hay que enfrentarlos para sacar al pueblo de la pobreza.
4 abril 2011
Dr. Marcelo Castro Corbat
Centro Segunda República
segundarepublica@fibertel.com.ar
Bernardo Rabassa
El Dr. Marcelo Castro Corbat del Centro Segunda República, de la Republica Argentina, uno de mis corresponsales más distinguidos, en el análisis, que se ve obligado a hacer de los muchos desmanes, de la tal Cristina Kirchner, me envía su opinión sobre la MALA PRAXIS de Gobernantes y políticos en su país, que considero es de inmediata aplicación al nuestro, al menos históricamente, del anterior gobierno socialista de la que son directos responsables Elena Salgado, José Luis Rodríguez Zapatero, pero sin nos remontamos un poco más atrás, nos encontraremos con Mª Teresa Fernandez de la Vega y con Pedro Solbes, todos ellos recibiendo pingues sueldos e indemnizaciones, cuando alguno o incluso todos ellos, deberían pagar por la mala praxis que nos ha llevado a la situación actual, incluyendo a Rubalcaba que sigue en la poltrona.
Y los casos actuales, de las Preferentes, el juez Gómez Bermúdez en su imputación al PP, después de su fracaso estruendoso en el caso 11M, el Artur Más y su plan Kosovo, etc etc.
Dice Marcelo: Si un médico se equivoca en la curación de un paciente, es condenable en un juicio por mala praxis, debe indemnizar y se desprestigia;
si a un ingeniero o arquitecto, se le cae un edificio debe pagar por el daño ocasionado; si un empresario conduce mal su empresa, va a la quiebra y la pierde y añado yo, incluso puede tener que pagar con sus bienes personales, si el concurso revela mala o dolosa gestión.
Los errores los paga el responsable.
No pasa lo mismo con los Gobernantes, políticos y funcionarios públicos. Greenspan, ex Presidente de la Reserva Federal de EEUU, después de estallar la crisis de las hipotecas basura, que dejó sin vivienda a miles de familias y quebró bancos, reconoció que se había equivocado, pero siguió dando conferencias bien pagadas.
En Argentina, ni la Presidencia ni los Ministros y funcionarios se consideran responsables de la caída en la producción de petróleo (en 2013 se estima que se importarán 10.000 millones de dólares);
la destrucción de los ferrocarriles;
la proliferación de villas miseria;
la inflación y corrupción;
el deterioro del sistema educativo;
el déficit de viviendas;
el empobrecimiento de la población en la comparación con países latinoamericanos, etc., etc.
Todos ellos culpan de las quiebras a "los otros": malnacidos, vende patria, incumplidores de sus deberes, la crisis mundial, la sinarquía internacional o el imperialismo.
La causa es la falta de idoneidad para gobernar y, conducir y controlar la administración general del país.
Faltan casi un año en Argentina, para que venza el mandato del gobierno, con el riesgo que continúen los dislates desquiciando la economía y la sociedad.
El Congreso, debe iniciar las acciones constitucionales y legales de responsabilidad, para evitar el agravamiento de los problemas.
